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Alerta hídrica en España: más de 80.000 hectáreas se riegan con agua extraída ilegalmente
Somos Guza
Foto: Quang Nguyen Vinh / Pexels
Una investigación de año y medio llevada a cabo por WWF España mostró que más de 80.000 hectáreas de cultivo en el país ibérico utilizan agua subterránea extraída sin autorización legal. El análisis, publicado bajo el título «Aquí se roba agua», identificó seis focos críticos donde la transformación de terrenos secos hacia agricultura intensiva de regadío ha generado una sustracción sistemática de recursos hídricos que pone en riesgo ecosistemas protegidos y reservas naturales.
Zonas más afectadas por la extracción irregular
El Alto Guadiana en Ciudad Real encabeza la lista como el foco más grave: 39.000 hectáreas con claros indicios de ilegalidad representan el 22% de toda la superficie regada en esa zona. Se estima que se extraen aproximadamente 69 hectómetros cúbicos anuales sin permiso, un 86% por encima de lo permitido. Las Tablas de Daimiel, parque nacional que depende de este acuífero, apenas mantiene el 30% de su superficie inundada. En Huelva, el acuífero de Almonte-Marismas que alimenta Doñana sufre la extracción anual de 13,34 hectómetros cúbicos obtenidos ilegalmente en unas 3.300 hectáreas. La Unesco advirtió que esta reserva mundial podría entrar en lista de patrimonio en peligro si España no revierte el deterioro antes de febrero de 2027.
Progreso limitado en regulación y cierre de pozos
En Castilla y León, Los Arenales acumula 16.481 hectáreas con problemas similares entre Segovia, Valladolid y Ávila. Granada enfrenta una situación crítica en Baza, donde el 62% del regadío local usa agua robada según el informe. Sin embargo, Campo de Cartagena en Murcia presenta un caso positivo: la superficie con indicios de riego ilegal bajó de 11.000 hectáreas en 2019 a 3.271 en 2024, una reducción del 65% gracias a medidas legales y sistemas de filtración implementados. A nivel nacional, se han clausurado 1.214 pozos ilegales desde 2019, aunque las acciones siguen siendo insuficientes para controlar el fenómeno.
Contexto legal y desafíos institucionales
WWF solicita mayores recursos técnicos y jurídicos para las confederaciones hidrográficas, más sistemas de teledetección y contadores automáticos, además de coordinación efectiva entre Estado, comunidades autónomas y municipios. El desafío es tanto técnico como político, pues los acuíferos afectados cruzan varias regiones con competencias distintas, y los intereses agrícolas involucrados tienen peso electoral significativo en varias comunidades. La reserva hídrica española se encuentra actualmente al 60,3% de su capacidad total, según datos recientes del Ministerio.
